Si bien “represión” es un concepto que nos remonta a los momentos más nefastos de la historia de nuestro país, estamos en condiciones de afirmar que se trata, por el contrario, de una problemática que aún continúa vigente y que va en ascenso.
Los más de 2900 casos de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado, desde el año 1983 al presente, son una clara evidencia de que el aparato represivo no se limita a ser instrumento de la dictadura, sino que aún existe. De esta cifra, 1323 son las personas asesinadas en el gobierno que, desde 2003, se autoproclaman “de los DDHH”.
Estas acciones, que son perpetuadas por las fuerzas policiales, merecen un análisis más profundo. Creemos que es necesario salir de las típicas caracterizaciones que conciben a estos hechos como el resultado de una falta de profesionalismo por parte de la fuerza, de abusos de poder, de casos aislados, corrupciones, excesos, y entenderlos como una política inherente al Estado.
Vivimos en un país en que la brecha que separa a ricos y pobres es cada vez mayor, en donde el primer grupo, minoritario, existe, en desmedro de una gran mayoría que se hunde en la pobreza y la marginación. La represión es el elemento clave del que se vale el Estado, a través de sus gobiernos de turno, a la hora de mantener vigente esta polaridad. Esto es llevado a cabo, por un lado, a través del disciplinamiento de aquellos sectores que por sus precarias condiciones de vida podrían cuestionar este orden de cosas, y por el otro, reprimiendo a aquellos sectores organizados que ya lo hacen.
Queda en evidencia que la policía no es una institución autónoma, sino que su accionar forma parte de la planificación de las políticas del gobierno de turno. Los gobiernos son los responsables y encargados de diseñar y llevar a cabo las políticas represivas.
Esto se ve ejemplificado en la proporción del presupuesto nacional que el gobierno actual destina al aparato represivo, en pos de sostener sus intereses y los de los sectores empresarios, en detrimento del destinado a las necesidades básicas como la salud, la vivienda y la educación. El presupuesto total para 2010 es de 273.129,4 millones de pesos, de los cuales 4,9% es destinado al Ministerio de Justicia, Seguridad y DDHH (0,1% más que en 2009), 2,1% al Ministerio de Salud (0.4% menos que en 2009), y 5,7% al Ministerio de Educación (0,2% menos que en 2009)
En el mismo sentido, otro elemento esencial en la legitimación de las políticas represivas es el rol que cumplen los medios de comunicación. Por un lado, el aparato mediático se encarga de instaurar un discurso sobre la inseguridad donde quienes son víctimas del sistema se caracterizan como delincuentes y enemigos a quienes hay que eliminar. De esta manera, van creando las condiciones necesarias, a través de la generación del pánico y el miedo injustificado, para que la represión y la “mano dura” sean vistas como la única salida posible de esta situación y creando el consenso para golpear a estos sectores. Por otro lado, tienen un importante papel en la tergiversación de la información y/o el ocultamiento de la misma. Por ejemplo, los pocos casos de gatillo fácil que salen a la luz, no son presentados como tales sino como “enfrentamientos con las fuerzas de seguridad”, como si se tratara efectivamente de unos contra otros en igualdad de condiciones.
Frente a aquellos sectores que ya están organizados, se trata de criminalizar la protesta. Es ya cotidiano que cuando las organizaciones se manifiestan y salen a la calle, sean reprimidos y detenidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Estas prácticas son acompañadas con el discurso de los medios de comunicación que se encargan de presentar estos episodios como un grupo de revoltosos violentos que agredieron a los pobres policías que solo estaban allí “haciendo su trabajo”, o, en el mejor de los casos, como enfrentamientos entre las organizaciones políticas y la policía, quitando por completo los motivos de la manifestación. A esto hechos represivos se suman la recurrente persecusión y amenazas a activistas. Todo esto es sostenido y posibilitado por un aparato judicial y legislativo que emplea normas legales para tipificar como “delictivas” a las conductas de dichos sectores, además de la apertura de causas judiciales injustificadas sobre los luchadores y activistas. Gracias a los datos aportados por CORREPI, se verifica que en la actualidad hay más de 5.000 causas -en diferentes etapas procesales- de personas a lo largo de todo el país que han sido sometidas a proceso por razones que se asocian exclusivamente a la protesta social.
Un ejemplo claro y cercano de lo arriba mencionado son las condiciones en que se llevaron a cabo las elecciones de Decanos y del Rector de la UBA, en los meses de noviembre y diciembre del año pasado. Para las elecciones de Rector, el gobierno nacional dispuso de un amplio operativo policial para que se garantice la elección de Rubén Hallú por segunda vez, en el Congreso de la Nación, vallando los accesos y cerrando las entradas del subte de la línea A. De esta forma se dejó afuera a los consejeros que estaban en desacuerdo con la forma en que se estaban realizando las elecciones y se atacó y golpeó a los estudiantes que denunciaban esto y la antidemocrática composición del gobierno de nuestra universidad.
En Psico, para la elección de la nueva Decana, el Consejo Directivo sesionó a puertas cerradas en el local de APUBA, no permitiendo el ingreso a ningún estudiante, mientras que, puertas afuera, se observaba un cordón de no docentes oficiando de patovicas y repartiendo empujones y trompadas a los estudiantes presentes.
Ejemplos aún más cotidianos y sistemáticos del avance del control en nuestra facultad se han vuelto naturales para la mayoría de nosotros: el aumento de no docentes haciendo trabajos de “seguridad”, la colocación de cámaras que en forma constante controlan y vigilan lo que hacemos, la destrucción de los carteles y carteleras, los cuales son una herramienta de comunicación de lo que ocurre en nuestra facu. Todas estas medidas tienen por objetivo tener cierto control ante posibles organizaciones o manifestaciones estudiantiles.
Ante esta situación, creemos que es necesario ir tomando conciencia, y prestar atención cómo se manifiesta esto a nuestro alrededor. Es decir, el primer paso consistiría en desnaturalizar, visibilizar la realidad que se nos presenta. En segundo lugar, vemos que la salida pasa justamente por poner en jaque estas formas estatuidas, mediante la acción, planificada y en conjunto. Será la organización la herramienta que nos permita concretizar medidas que reviertan esta situación.
[2] www.mecon.gov.ar
[3] http://www.correpi.lahaine.org/ y http://www.prensacontrapunto.com.ar/
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