La educación pública y gratuita, es un blanco constante de los distintos gobiernos de turno, que la conciben como uno de los “gastos” a reducir, junto con los demás derechos indispensables para vivir como lo son la vivienda y la salud. Estos gobiernos han seguido y actualmente siguen las directrices de los distintos organismos financieros internacionales (como el Fondo Monetario Internacional y El Banco Interamericano de Desarrollo) y además les dan lugar a que estos intervengan directamente en la planificación de las políticas educativas tanto en nuestro país, pero también dentro de Latinoamérica toda. Dentro de los propósitos de nuestro gobierno, que se trazan en sintonía con los que estos organismos disponen, se encuentra la privatización creciente de lo público, y el fomentar al autofinanciamiento de las instituciones educativas Además se promueven los diversos acuerdos con empresas que trazan los lineamientos académicos a través de las prácticas y las pasantías. Paradójicamente, mientras el gobierno destina millones en subsidios a las escuelas y universidades privadas potenciando su florecimiento, la educación pública es devastada a causa del escaso presupuesto destinado. Esto se puede observar en la decadencia edilicia, la mayoría de los docentes trabajando ad honorem, la creciente privatización y recorte de los contenidos en las carreras de grado, etc. Solo algunos de sus grandes síntomas.
De esta forma no solo se fomenta el autofinanciamiento de las casas de estudio estatales, sino que además, gracias a que el gobierno se desentiende del rol que le corresponde cumplir, cada individuo se ve obligado a pagar el acceso a la educación, opuesto a lo que debería suceder: el gobierno debe ser garante de la educación pública y de su gratuidad. Así, la mayoría de los estudiantes, el 60% según el censo de la UBA de 2004, se ve obligado a asumir largas jornadas de trabajo para poder sustentar sus estudios. Este censo, no se ha vuelto a realizar desde hace 6 años por falta de presupuesto y evidentemente no refleja la situación del nivel de vida actual, donde se ha producido un gran incremento en todos los productos y servicios. Esto nos demuestra que la educación pública y gratuita no se reduce solo a lo académico, sino que forma parte de un grupo de condiciones que deben estar garantizadas para que verdaderamente sea pública y gratuita: el boleto, el material de estudio y el comedor estudiantil, inevitables para que toda la sociedad pueda tener garantizado su derecho de acceder a estudiar. Y justamente los costos (y cada vez más altos) de estos últimos implican que miles de jóvenes no puedan acceder a la educación.
Desde la CEO creemos que como la educación es un derecho de toda la población es una responsabilidad del Estado garantizar el acceso de todos a la misma. Por eso pensamos que en todas las facultades el Estado debe asignar una partida presupuestaria para garantizar el material de estudio, el boleto y el comedor estudiantil como por ejemplo en la Universidad Nacional de La Plata, donde los estudiantes organizados ganaron el funcionamieto de un comedor estudiantil, financiado por el Ministerio de Educación en el cual por $1 por día pagan (incluso actualmente) un menú completo con bebida y postre.
La CEO convoca a todos los estudiantes a organizarse, levantando estas consignas históricas del movimiento estudiantil, que actualmente cobran cada vez mayor importancia como parte de nuestro derecho a la educación pública y gratuita.
Solo con la intervención activa de todos podremos hacer valer nuestros derechos.
Sumate a la CEO!
viernes, 19 de marzo de 2010
Por una verdadera educación pública y gratuita para todos - Boletín n°4
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