Boletín Nº5 de la C.E.O, Segundo cuatrimestre 2010

Por una verdadera educación pública y gratuita para todos - Boletín n°4

La educación pública y gratuita, es un blanco constante de los distintos gobiernos de turno, que la conciben como uno de los “gastos” a reducir, junto con los demás derechos indispensables para vivir como lo son la vivienda y la salud. Estos gobiernos han seguido y actualmente siguen las directrices de los distintos organismos financieros internacionales (como el Fondo Monetario Internacional y El Banco Interamericano de Desarrollo) y además les dan lugar a que estos intervengan directamente en la planificación de las políticas educativas tanto en nuestro país, pero también dentro de Latinoamérica toda. Dentro de los propósitos de nuestro gobierno, que se trazan en sintonía con los que estos organismos disponen, se encuentra la privatización creciente de lo público, y el fomentar al autofinanciamiento de las instituciones educativas Además se promueven los diversos acuerdos con empresas que trazan los lineamientos académicos a través de las prácticas y las pasantías. Paradójicamente, mientras el gobierno destina millones en subsidios a las escuelas y universidades privadas potenciando su florecimiento, la educación pública es devastada a causa del escaso presupuesto destinado. Esto se puede observar en la decadencia edilicia, la mayoría de los docentes trabajando ad honorem, la creciente privatización y recorte de los contenidos en las carreras de grado, etc. Solo algunos de sus grandes síntomas.
De esta forma no solo se fomenta el autofinanciamiento de las casas de estudio estatales, sino que además, gracias a que el gobierno se desentiende del rol que le corresponde cumplir, cada individuo se ve obligado a pagar el acceso a la educación, opuesto a lo que debería suceder: el gobierno debe ser garante de la educación pública y de su gratuidad. Así, la mayoría de los estudiantes, el 60% según el censo de la UBA de 2004, se ve obligado a asumir largas jornadas de trabajo para poder sustentar sus estudios. Este censo, no se ha vuelto a realizar desde hace 6 años por falta de presupuesto y evidentemente no refleja la situación del nivel de vida actual, donde se ha producido un gran incremento en todos los productos y servicios. Esto nos demuestra que la educación pública y gratuita no se reduce solo a lo académico, sino que forma parte de un grupo de condiciones que deben estar garantizadas para que verdaderamente sea pública y gratuita: el boleto, el material de estudio y el comedor estudiantil, inevitables para que toda la sociedad pueda tener garantizado su derecho de acceder a estudiar. Y justamente los costos (y cada vez más altos) de estos últimos implican que miles de jóvenes no puedan acceder a la educación.

Desde la CEO creemos que como la educación es un derecho de toda la población es una responsabilidad del Estado garantizar el acceso de todos a la misma. Por eso pensamos que en todas las facultades el Estado debe asignar una partida presupuestaria para garantizar el material de estudio, el boleto y el comedor estudiantil como por ejemplo en la Universidad Nacional de La Plata, donde los estudiantes organizados ganaron el funcionamieto de un comedor estudiantil, financiado por el Ministerio de Educación en el cual por $1 por día pagan (incluso actualmente) un menú completo con bebida y postre.

La CEO convoca a todos los estudiantes a organizarse, levantando estas consignas históricas del movimiento estudiantil, que actualmente cobran cada vez mayor importancia como parte de nuestro derecho a la educación pública y gratuita.
Solo con la intervención activa de todos podremos hacer valer nuestros derechos.
Sumate a la CEO!

La movida del verano

La educación pública vive una situación de decadencia y deterioro en muchos aspectos. La mayoría de los edificios de la UBA se encuentran en pésimas condiciones, las facultades muchas veces se ven divididas en más de una sede, la gran mayoría de los docentes no cobran, y si lo hacen es con salarios bajísimos… Por otro lado no contamos con un boleto estudiantil, y los apuntes y comida tienen precios altísimos… En lo que respecta a lo académico, vivimos el vaciamiento de contenidos de nuestras carreras de grado y el cada vez mayor fortalecimiento de los posgrados pagos. Entre estas problemáticas, el curso de verano no es una excepción.

Ya a fines del año 2007 la gestión de Sara Slapak amenazó con eliminar los cursos de verano de nuestro calendario académico, con la excusa de hacer reformas edilicias en la facultad. Sin embargo se logró que se dicten en la sede de Hipólito Irigoyen. Al año siguiente, fines de 2008, la amenaza se hizo efectiva, y los estudiantes de psicología no tuvimos curso de verano.

Este año volvimos a tenerlos, pero… en que condiciones y como se decidió esto? cómo fue el proceso anterior?

Durante el año pasado, 2 proyectos para el dictado de los Cursos de Verano 2010, se presentaron al Consejo Directivo: uno fue presentado por el claustro estudiantil, mientras que el otro fue presentado por el claustro de profesores, y, dentro de éste, por la agrupación Protagonismo Universitario (conformada por profesores afines a la dirección de la facultad). Este último, no contemplaba la necesidad de exigir una partida presupuestaria extraordinaria para garantizar la doble renta a los docentes, no garantizaba el número de materias acorde a la necesidad estudiantil, tampoco que se respetarían el número de comisiones para cada materia, sin ser éstas reducidas durante el comienzo de este año. Sin embargo, fue este proyecto el aprobado por el Consejo Directivo. Sólo 14 materias (del total de materias de nuestra currícula, que entre obligatorias, electivas y prácticas profesionales cuenta con más de 60) se dictaron en el curso de verano, sin asegurar vacantes para todo el estudiantado, con una sola cátedra por materia, sin garantizar el presupuesto para la doble renta a los docentes (ya que los cursos de verano corresponden al presupuesto 2010, el cual recién es aprobado en marzo), y, como bien dijimos, sin garantizar que a estas materias no les modificarán el número de comisiones durante el año.

Teniendo todo esto en cuenta, podemos decir que el hecho de que se hayan dictado los cursos de verano no implica un triunfo por parte del estudiantado, ya que el proyecto que fue votado y puesto en marcha y, por ende, el carácter que tuvieron los cursos de verano, no es el que exigíamos los estudiantes, sino el que decidieron los consejeros del claustro de profesores afines a Sara Slapak y a los métodos y medidas que lleva y ha llevado a cabo.

Desde la CEO sostenemos que sólo mediante la discusión, participación y acción de todos podemos lograr nuestras reivindicaciones y defender nuestros derechos, entre ellos el derecho a estudiar en condiciones dignas. Es por esto que en el caso de la lucha por los cursos de verano que se llevó a cabo en el año 2009, desde la CEO estuvimos todas las semanas en el hall de la facu, discutiendo con nuestros compañeros la necesidad de que nos organicemos por este tema.

A su vez, participamos activamente de las asambleas originadas para organizar la lucha de los cursos de verano. Llevamos a la misma varias propuestas de acciones concretas y actividades dentro de la facu para que todos fuésemos parte y nos apropiáramos de esta pelea por nuestros cursos de verano.

Desde la CEO creemos en la necesidad de construir entre todos las herramientas para solucionar nuestras problemáticas. Es imprescindible la conformación de un movimiento estudiantil realmente fuerte y capaz de dar una pelea constante por las cosas que nos pertenecen.

A su vez entendemos que este movimiento tiene que ser capaz de organizarse de tal manera de poder anticiparse a las cosas, sin que las problemáticas nos sorprendan y tengamos que salir corriendo atrás de ellas cuando surgen. Esto no será necesario cuando logremos cambiar el tipo de organización que hoy en día existe.

Es necesario que todos nos comprometamos y nos interesemos por estas cosas, que sistematicemos el trabajo entre todos. Que discutamos cotidianamente y participemos activamente. Que propongamos, sin miedo a la discusión.

Es por todo esto que te invitamos a sumarte a este espacio, a que te acerques con propuestas e ideas, para que entre todos fortalezcamos esta herramienta para defender nuestros derechos, nuestra educación pública y gratuita.

Represión: mecanismo de defensa... del Estado

Si bien “represión” es un concepto que nos remonta a los momentos más nefastos de la historia de nuestro país, estamos en condiciones de afirmar que se trata, por el contrario, de una problemática que aún continúa vigente y que va en ascenso.

Los más de 2900 casos de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado, desde el año 1983 al presente, son una clara evidencia de que el aparato represivo no se limita a ser instrumento de la dictadura, sino que aún existe. De esta cifra, 1323 son las personas asesinadas en el gobierno que, desde 2003, se autoproclaman “de los DDHH”.

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Estas acciones, que son perpetuadas por las fuerzas policiales, merecen un análisis más profundo. Creemos que es necesario salir de las típicas caracterizaciones que conciben a estos hechos como el resultado de una falta de profesionalismo por parte de la fuerza, de abusos de poder, de casos aislados, corrupciones, excesos, y entenderlos como una política inherente al Estado.

Vivimos en un país en que la brecha que separa a ricos y pobres es cada vez mayor, en donde el primer grupo, minoritario, existe, en desmedro de una gran mayoría que se hunde en la pobreza y la marginación. La represión es el elemento clave del que se vale el Estado, a través de sus gobiernos de turno, a la hora de mantener vigente esta polaridad. Esto es llevado a cabo, por un lado, a través del disciplinamiento de aquellos sectores que por sus precarias condiciones de vida podrían cuestionar este orden de cosas, y por el otro, reprimiendo a aquellos sectores organizados que ya lo hacen.

Queda en evidencia que la policía no es una institución autónoma, sino que su accionar forma parte de la planificación de las políticas del gobierno de turno. Los gobiernos son los responsables y encargados de diseñar y llevar a cabo las políticas represivas.
Esto se ve ejemplificado en la proporción del presupuesto nacional que el gobierno actual destina al aparato represivo, en pos de sostener sus intereses y los de los sectores empresarios, en detrimento del destinado a las necesidades básicas como la salud, la vivienda y la educación. El presupuesto total para 2010 es de 273.129,4 millones de pesos, de los cuales 4,9% es destinado al Ministerio de Justicia, Seguridad y DDHH (0,1% más que en 2009), 2,1% al Ministerio de Salud (0.4% menos que en 2009), y 5,7% al Ministerio de Educación (0,2% menos que en 2009)

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En el mismo sentido, otro elemento esencial en la legitimación de las políticas represivas es el rol que cumplen los medios de comunicación. Por un lado, el aparato mediático se encarga de instaurar un discurso sobre la inseguridad donde quienes son víctimas del sistema se caracterizan como delincuentes y enemigos a quienes hay que eliminar. De esta manera, van creando las condiciones necesarias, a través de la generación del pánico y el miedo injustificado, para que la represión y la “mano dura” sean vistas como la única salida posible de esta situación y creando el consenso para golpear a estos sectores. Por otro lado, tienen un importante papel en la tergiversación de la información y/o el ocultamiento de la misma. Por ejemplo, los pocos casos de gatillo fácil que salen a la luz, no son presentados como tales sino como “enfrentamientos con las fuerzas de seguridad”, como si se tratara efectivamente de unos contra otros en igualdad de condiciones.

Frente a aquellos sectores que ya están organizados, se trata de criminalizar la protesta. Es ya cotidiano que cuando las organizaciones se manifiestan y salen a la calle, sean reprimidos y detenidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Estas prácticas son acompañadas con el discurso de los medios de comunicación que se encargan de presentar estos episodios como un grupo de revoltosos violentos que agredieron a los pobres policías que solo estaban allí “haciendo su trabajo”, o, en el mejor de los casos, como enfrentamientos entre las organizaciones políticas y la policía, quitando por completo los motivos de la manifestación. A esto hechos represivos se suman la recurrente persecusión y amenazas a activistas. Todo esto es sostenido y posibilitado por un aparato judicial y legislativo que emplea normas legales para tipificar como “delictivas” a las conductas de dichos sectores, además de la apertura de causas judiciales injustificadas sobre los luchadores y activistas. Gracias a los datos aportados por CORREPI, se verifica que en la actualidad hay más de 5.000 causas -en diferentes etapas procesales- de personas a lo largo de todo el país que han sido sometidas a proceso por razones que se asocian exclusivamente a la protesta social.

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Un ejemplo claro y cercano de lo arriba mencionado son las condiciones en que se llevaron a cabo las elecciones de Decanos y del Rector de la UBA, en los meses de noviembre y diciembre del año pasado. Para las elecciones de Rector, el gobierno nacional dispuso de un amplio operativo policial para que se garantice la elección de Rubén Hallú por segunda vez, en el Congreso de la Nación, vallando los accesos y cerrando las entradas del subte de la línea A. De esta forma se dejó afuera a los consejeros que estaban en desacuerdo con la forma en que se estaban realizando las elecciones y se atacó y golpeó a los estudiantes que denunciaban esto y la antidemocrática composición del gobierno de nuestra universidad.

En Psico, para la elección de la nueva Decana, el Consejo Directivo sesionó a puertas cerradas en el local de APUBA, no permitiendo el ingreso a ningún estudiante, mientras que, puertas afuera, se observaba un cordón de no docentes oficiando de patovicas y repartiendo empujones y trompadas a los estudiantes presentes.

Ejemplos aún más cotidianos y sistemáticos del avance del control en nuestra facultad se han vuelto naturales para la mayoría de nosotros: el aumento de no docentes haciendo trabajos de “seguridad”, la colocación de cámaras que en forma constante controlan y vigilan lo que hacemos, la destrucción de los carteles y carteleras, los cuales son una herramienta de comunicación de lo que ocurre en nuestra facu. Todas estas medidas tienen por objetivo tener cierto control ante posibles organizaciones o manifestaciones estudiantiles.

Ante esta situación, creemos que es necesario ir tomando conciencia, y prestar atención cómo se manifiesta esto a nuestro alrededor. Es decir, el primer paso consistiría en desnaturalizar, visibilizar la realidad que se nos presenta. En segundo lugar, vemos que la salida pasa justamente por poner en jaque estas formas estatuidas, mediante la acción, planificada y en conjunto. Será la organización la herramienta que nos permita concretizar medidas que reviertan esta situación.

[1] Archivo de casos de CORREPI
[2] www.mecon.gov.ar
[3] http://www.correpi.lahaine.org/ y http://www.prensacontrapunto.com.ar/

Ejercicio Profesional del psicólogo de ayer y hoy

La carrera de Psicología en la Argentina ya tiene más de 50 años. A lo largo de todo este tiempo fue adquiriendo distintos perfiles, los cuales responden al contexto socio-político de la época. En este sentido, la práctica del psicólogo se ve inevitablemente afectada por este contexto en el que se encuentra.

Las praxis no vienen dadas sino que se construyen. Esta construcción está determinada por innumerables elementos como la adhesión a ciertos marcos teóricos, la elección de determinada bibliografía, la metodología, los docentes titulares asignados en cada cátedra de cada materia, y hasta el plan de estudios, en el cual el estudiantado y la mayoría de los docentes no tienen ningún tipo de participación. Todos estos elementos son elecciones que moldean un perfil de psicólogo y determinarán la práctica que el día de mañana llevará a cabo.

En los años 60 y 70, un contexto de fuerte movilización y convulsión social caracterizó la época. Aquí estudiantes y trabajadores, unidos, tuvieron un rol protagónico. Pasando por el Mayo francés hasta los distintos levantamientos a lo largo y a lo ancho de América Latina, se observaron distintos pronunciamientos de la voz popular en un acto comprometido con la realidad que los atañía.

En este contexto, en la facultad de psicología de la UBA, tanto el plan de estudios como el perfil del psicólogo, se vieron modificados profundamente debido al alto compromiso de los estudiantes y docentes. En conjunto, se proponían cambiar de manera radical la situación que les imponía la realidad de la época y así responder a las necesidades más urgentes de la población, como lo eran la educación, el trabajo y la salud. Estudiantes y docentes, debatían democráticamente el plan de estudios y ligado a esto, el perfil de psicólogo que pretendían establecer. Como resultado de este hecho estas décadas fueron testigos del psicólogo que, tomando como fuerte herramienta teórica al psicoanálisis (el cual ya comenzaba a tener importante influencia en la Argentina), buscaba trabajar en pos de responder a las demandas sociales que acosaban al país.

En este sentido, cabe recordar a intelectuales de la época como Pichón Riviere, Ulloa o el caso de José Bleger (psicólogo y psicoanalista titular de la primera cátedra de psicoanálisis de la carrera de psicología de la UBA, 1962), el cual sostenía que “la función de la intervención del psicólogo en la comunidad era encaminar los cambios sociales en forma armónica y progresiva, de modo tal que el psicólogo debería convertirse en un autentico agente de cambio socia”l. En pocas palabras, se trataba de un compromiso activo por parte de toda la comunidad académica a la hora de pensar cuestiones atinentes al lugar que el psicólogo debería ocupar en la sociedad.

Este fuerte movimiento que se venía gestando fue paralizado por la dictadura, en la cual, además de aplicarse políticas de vaciamiento en salud y educación, se sostuvo una persecución sistemática a aquellos que se cuestionaban la realidad y se proponían transformarla. Al mismo tiempo en el plano académico se ordenó el cierre de las carreras de Psicología en varias universidades e intervino la UBA poniendo de rector a Ottalagano. A su vez éste último, puso a Sánchez Abelanda [1] al frente de la facultad de Filosofía y Letras. Personaje que, al tiempo que agitaba un incensario para “exorcizar al demonio marxista”, incluía en la bibliografía obligatoria bolillas como “La existencia de Dios, necesidad y posibilidad de una demostración”.

Mediante este “Proceso de Reorganización Nacional”, se profundizaron las políticas neoliberales que marcarían el rumbo de la sociedad desde los inicios de los ´80 a la actualidad. En este sentido la facultad de psicología y su plan de estudios no han sido una excepción a este tipo de políticas. Progresivamente, el plan de estudios pasa a tener una tendencia abocada a la privatización de la disciplina, que ubicará a la práctica profesional en el ámbito privado. De esta manera, hoy en día, recibirse de psicólogo es sólo garantía de que ya se está listo para comenzar el posgrado. Además, siniestra y automáticamente, se van sacando contenidos de la carrera de grado para pasarlas a los posgrados pagos.

En la actualidad, el plan de estudios de la carrera de psicología de la UBA tiene una fuerte impronta psicoanalítica con una idea del ejercicio de la profesión alejada de las demandas sociales más urgentes. El plan está compuesto por un 70 % de materias psicoanalíticas (teniendo en cuenta prácticas profesionales y electivas), que apuntan a un psicoanálisis basado en la individualidad, es decir, a la resolución de conflictos individuales, descontextualizados, sin tomar en cuenta las problemáticas sociales que nos afectan. Al mismo tiempo, las materias y cátedras más críticas, que buscan otro perfil profesional, no son tenidas en cuenta y padecen persecuciones. Entre estas últimas se destacan el achicamiento sistemático de sus cupos, la pretensión de condensar muchas de estas materias en una sola, o mismo, el acelere de los trámites de jubilación de sus profesores titulares, en contraposición a los profesores “dinosaurio” que permanecen en la facultad hasta una década más pasada la edad de jubilación correspondiente.

Mientras esto sucede por un lado, por el otro, la formación destinada a trabajar en el ámbito clínico privado y en recursos humanos, ha ido tomando cada vez más fuerza. Se producen profesionales funcionales al sistema, incapaces de replantearse su rol. Ya no se trata de un agente de cambio sino de un psicólogo que transita su formación sin cuestionarse para qué ni para quienes ejercerá el día de mañana.

De esta manera entonces, es importante darnos cuenta que se naturaliza una forma de ejercer la profesión que vela otras formas de ejercicio posible acordes con las problemáticas sociales actuales.

Con lo expuesto anteriormente creemos necesario desnaturalizar el criterio vigente acerca de cómo ejercer la profesión quedando en manos de los estudiantes y la comunidad generar una transformación de raíz. Desde un espacio de construcción colectiva sostenemos que es posible el cambio y por esto es que, desde la CEO, invitamos a la participación activa de los estudiantes que día a día transitan la facultad. Creemos que es a partir de la agrupación de toda la comunidad educativa que se puede construir el cambio y llevarlo a cabo materialmente.

[1] Abogado declarado públicamente fascista y partidario de la ideología perpetrada por Hitler. Afirmó que la Universidad, antes de su gestión, era una suerte de campamento guerrillero, un campo de entrenamiento de subversivos y se ufanó de haber perseguido y expulsado a quienes sustentaran una ideología antinacional

Boletín N° 3